Cuando le conviene, nuestro vecino del norte y socio comercial se muestra muy estricto con terceros países al exigir el cumplimiento de normas precisas en favor de la salud y el ambiente. Así pasa, por ejemplo, cuando detiene en la frontera cargamentos de melón, jitomate o fresa alegando que contienen residuos de plaguicidas, razón por la que no pueden estar en la mesa de los estadunidenses. Se ha probado varias veces que ese celo protector es para resguardar las cosechas agrícolas locales y reducir las importaciones de otros países.

Pero a veces en el propio Estados Unidos hay sorpresas. Un ejemplo: a finales del año pasado una docena de estados y varias ciudades acusaron al gobierno federal ante la Suprema Corte por no regular las emisiones de gases que producen sus coches y camiones, pues ello afecta la salud pública y contribuye al calentamiento global. Entre los que formularon la demanda destacan California y Massachussets, también ciudades más importantes, como Los Angeles, Boston y Nueva York. A la petición se sumaron los grupos ambientalistas más influyentes.

Alegaron entonces que la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) debe regular todo lo relativo a la Ley del Aire Limpio, arma principal que tienen para luchar contra la contaminación atmosférica ocasionada principalmente por la industria y el transporte automotriz. Los demandantes mencionaban en especial al dióxido de carbono, gas que debe estar sujeto a regulación estricta. Varios estados, incluido California, aprobaron ya normas avanzadas para limitar la emisión de ese y otros gases causantes del efecto invernadero y el calentamiento global.

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